La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este sábado el nombramiento de Jorge Luis Montero Cornejo como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minería. La decisión fue anunciada a través de la cuenta oficial de la presidencia en X (antes Twitter), marcando un cambio clave en el gabinete luego de semanas de tensiones por el sector minero.
El nombramiento de Montero Cornejo se produjo luego de las críticas del Congreso al anterior ministro, Rómulo Mucho Mamani. El legislador consideró que Mucho Mamani no atendió adecuadamente las protestas de los artesanos y pequeños mineros que se manifestaron durante más de una semana en Lima exigiendo una solución a sus demandas. La censura –una medida que obliga al ministro en cuestión a dimitir– reflejó la creciente presión política y social sobre el gobierno en relación con el sector minero.
Montero Cornejo, que actualmente ocupa una de las carteras más estratégicas del país, es un economista con amplia experiencia en energía y minería. Según la agencia estatal Andina, el nuevo ministro fue viceministro de Energía y Minería en 2020 y es licenciado en derechos humanos, además se ha destacado como experto en proyectos con impactos socioambientales. Este perfil técnico y experiencia previa en la industria pueden ser claves para abordar los desafíos inmediatos que enfrenta su gestión.
Uno de los primeros desafíos que enfrentará Montero Cornejo será atender las demandas de los mineros artesanales y de pequeña escala que han protagonizado protestas masivas en las últimas semanas. Estas movilizaciones culminaron con una manifestación frente a la Cámara del Congreso, donde los trabajadores del sector exigieron una extensión de su licencia, lo que permitiría ser criminalizados. La licencia, que originalmente expiró el 31 de diciembre de 2024, finalmente se extendió hasta el 30 de junio de 2025, con la opción de extenderla por otros seis meses. La decisión fue aprobada por el Congreso el viernes por la tarde, apenas un día antes del anuncio del nuevo jefe del ministerio.
El conflicto minero refleja la compleja realidad del sector en Perú, en un país donde la minería es una de las principales fuentes de ingresos, pero también una de las mayores fuentes de conflictividad social y ambiental. Los mineros pequeños y de pequeña escala desempeñan un papel particularmente importante en la economía informal del país, pero a menudo enfrentan barreras legales y regulatorias que obstaculizan sus actividades. La extensión del permiso otorgado por el Congreso les da más tiempo para formalizarse y adaptarse a la normativa vigente, aunque no es inmune a las críticas de sectores que exigen un mayor control sobre la minería ilegal y sus impactos ambientales.
El cambio en el Ministerio de Energía y Minería llega también en un momento políticamente delicado para el presidente Boluarte. Su administración ha enfrentado repetidas preguntas del Congreso, que recientemente le negó al presidente un viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Este episodio pone de relieve las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo que han sido constantes desde la presidencia de Boluarte.
El nombramiento de Montero Cornejo puede interpretarse como un intento de calmar las tensiones en el sector minero y al mismo tiempo fortalecer la gestión del ministerio ante las grandes demandas sociales. Su experiencia en proyectos con impactos sociales y ambientales puede ser clave para mediar entre las necesidades de los mineros, las preocupaciones ambientales y las necesidades de formalización del gobierno.
Sin embargo, el desafío no será fácil. El sector minero de Perú, aunque es un motor económico crucial, se caracteriza por una compleja red de intereses que incluye grandes empresas mineras, comunidades afectadas, pequeños mineros y el Estado. La minería artesanal en particular ha sido un tema delicado durante años debido a cuestiones como la minería ilegal, la contaminación y el impacto en las comunidades locales. A pesar de las promesas de formalización y regulación, muchos en el sector creen que las medidas gubernamentales han sido insuficientes o demasiado restrictivas.
Algunos consideran que la reciente extensión de las licencias para los mineros artesanales y de pequeña escala es una victoria para quienes trabajan en el sector, pero también ha generado críticas de quienes dicen que se necesita una estrategia más integral para abordar los problemas subyacentes. La prórroga, que permitirá a los mineros operar con impunidad hasta mediados de 2025, puede aliviar temporalmente las tensiones, pero no resolverá los problemas estructurales relacionados con la formalización, la sostenibilidad ambiental y el conflicto social.
En este contexto, Montero Cornejo tiene la tarea de equilibrar las necesidades de los distintos actores involucrados en el sector minero, garantizando al mismo tiempo que la actividad extractiva contribuya al desarrollo económico sin poner en peligro el medio ambiente ni los derechos de las comunidades involucradas. Su experiencia y formación técnica como ex vicepresidente pueden darle una ventaja en estos desafíos, aunque el éxito de su administración dependerá en gran medida de su capacidad para generar consenso e implementar políticas efectivas en un entorno caracterizado por la polarización y la desconfianza.