El Congreso de Colombia aprobó el miércoles una ley que prohíbe el matrimonio de menores en todo el país. Según el comunicado oficial del Senado, la norma, que busca garantizar los derechos y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, será enviada al presidente Gustavo Petro para su sanción definitiva. Con esta aprobación, Colombia se suma a los esfuerzos internacionales para erradicar una práctica que afecta la vida y oportunidades de millones de menores en todo el mundo.
La nueva legislación estipula que en Colombia estarán prohibidos los matrimonios y uniones en los que al menos una de las partes sea menor de 18 años. Además, la ley también considera la creación de un programa nacional destinado a apoyar los caminos de vida de niños y adolescentes, como se detalla en el resumen de la propuesta publicado en el sitio web oficial de la Junta de Representantes. Este programa tiene como objetivo garantizar que los menores tengan acceso a la educación, la atención sanitaria y otras oportunidades básicas de desarrollo.
El proyecto de ley de 2023 fue patrocinado por un grupo de legisladores entre los que se encontraban Karen López Salazar, Jennifer Pedraza Sandoval, Alexandra Vásquez Ochoa, John Jairo González Agudelo, María Fernanda Carrascal Rojas y Juan Carlos Vargas Soler. Tras la aprobación inicial de la Cámara de Representantes, el proyecto llegó al Senado, donde recibió el miércoles el apoyo necesario para su legislación. Esta medida representa un importante paso adelante en la protección de los derechos de los menores colombianos, respondiendo a un problema ampliamente debatido en el país y en el mundo.
El lema de la campaña que promovió la aprobación de la ley fue el siguiente: “Son niñas, no esposas”, esta frase resume el objetivo principal de la iniciativa: evitar que las niñas sean obligadas a contraer matrimonio y sean vulnerables a diversas formas de violencia. limitar su acceso a la educación y al pleno desarrollo. Durante el debate, la senadora Clara López Obregón, integrante del Pacto Histórico de la coalición de gobierno, enfatizó el carácter transformador de la medida. “Estamos avanzando en la civilización porque las niñas no son objetos sexuales, son personas en formación, y esta prohibición es una autorización general para protegerlas”, dijo López Obregón, citado en el comunicado del Senado.
Jennifer Pedraza Sandoval, una de las principales autoras del proyecto, también celebró la aprobación de la ley. A través de su cuenta, su mensaje reflejó el espíritu de la campaña, que busca permitir que las niñas disfruten de esta etapa de la vida sin obligarlas a asumir responsabilidades adultas.
El matrimonio infantil es una práctica que continúa afectando a millones de menores en todo el mundo, especialmente a las niñas, y ha sido identificado como un obstáculo importante para el desarrollo global. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), esta práctica expone a las niñas a riesgos importantes como la violencia de género, el embarazo precoz y la exclusión educativa y económica. Además, UNICEF advierte que el matrimonio infantil perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad, afectando tanto a las niñas como a sus comunidades.
A nivel internacional, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es erradicar el matrimonio infantil para 2030. Este objetivo enfatiza la importancia de garantizar que la infancia de todos los menores esté protegida y libre de prácticas que restrinjan su desarrollo. Con la aprobación de esta ley, Colombia ha avanzado en alinear sus políticas nacionales con estos objetivos globales, enviando un mensaje claro de su compromiso con la protección de los derechos de las niñas y adolescentes.
Si bien la medida fue ampliamente celebrada, también planteó dudas sobre los desafíos para su implementación. Para que las prohibiciones del matrimonio infantil sean efectivas, se deben abordar las causas estructurales que perpetúan la práctica, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y las normas culturales que normalizan el matrimonio precoz. En este sentido, el programa nacional formulado en la ley puede jugar un papel clave, si recibe los recursos necesarios para su implementación y para atender a las comunidades más vulnerables del país.
La aprobación de la ley también refleja un cambio en la percepción social del matrimonio infantil en Colombia. Si bien esta práctica solía ser más común, especialmente en regiones rurales y comunidades marginadas, la promoción de los derechos de niñas y adolescentes ha generado un consenso creciente de que se debe protegerlas de uniones prematuras que podrían afectar su futuro. Esta transformación cultural fue impulsada por el trabajo de organizaciones comunitarias, legisladores comprometidos y campañas de concientización que pusieron el tema en el centro del debate público.
A futuro, la implementación de esta ley requerirá del esfuerzo conjunto del gobierno, instituciones educativas, organizaciones sociales y comunidades locales. Será esencial garantizar que las niñas y sus familias conozcan sus derechos y tengan acceso a los recursos que les permitirán construir un futuro de oportunidades. Esto no sólo implicará prohibir el matrimonio infantil, sino también promover políticas integrales que aborden las desigualdades y ofrezcan alternativas concretas para el desarrollo de los menores.
En última instancia, la prohibición del matrimonio infantil en Colombia es un paso importante hacia la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Más allá de las cifras y las obligaciones legales, esta acción tiene el poder de cambiar vidas, garantizando que las niñas puedan crecer en un entorno seguro, recibir una educación de calidad y alcanzar su máximo potencial. Si bien queda mucho por hacer para abordar las causas profundas del problema, la aprobación de la ley envía un mensaje claro: en Colombia, las niñas son niñas, no esposas.