La Mesa Ejecutiva, presidida por Dina Boluarte, realizó importantes modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado, que fue aprobada por el Congreso el 16 de octubre. El objetivo de estas reformas es fortalecer la lucha contra delitos como la extorsión, el secuestro y el asesinato.
Definición y sanciones
La ley mantiene la definición de delincuencia organizada como una estructura compleja formada por tres o más personas. Además, establece una pena mínima de cinco años de prisión para quienes cometan estos delitos con fines de lucro económico o material.
Procedimientos de redada
Entre los cambios más significativos está la adaptación a los procedimientos de raid. Según la nueva normativa, las operaciones de búsqueda e incautación que realiza la fiscalía pueden realizarse con o sin la presencia del investigado, pero deberá contar con un abogado defensor desde el inicio del procedimiento. Si el investigado solicita la presencia de su abogado particular, no se suspenderá la búsqueda; La acción dura hasta que el abogado llega al lugar.
Facultad del Fiscal Provincial
Además, se otorgan nuevas facultades al fiscal provincial para solicitar a un juez actuaciones, como allanamientos de propiedades, aunque no se trate de un delito flagrante, siempre que exista causa suficiente y razonable. El objetivo de estas medidas es detener personas o incautar bienes relacionados con la investigación, lo que fortalece el funcionamiento del sistema de justicia en la lucha contra el crimen organizado.